Carga Publica

Ser considerado una “carga pública” puede costarle la residente legal

Para aquellos que están tramitando su residencia legal (“green card”), o para los que esperan en sus países para venir a EEUU con una visa —como es el caso de familiares de residentes—, haber recibido ayuda por parte del gobierno o ser una persona que potencialmente podría depender del gobierno, es algo que puede ser considerado como una “carga pública”. En el primer caso, se trata de inmigrantes que viven en EEUU y tienen la oportunidad de regularizar su estatus migratorio y recibir su tarjeta verde. Sin embargo, la persona que solicitará la residencia debe no solo reunir la documentación requerida sino que debe explicar algunos aspectos de su historia, como si ha cometido algún tipo de delito o si fue en algún momento una “carga pública”.

Pero, ¿qué es una carga pública? “Según la definición oficial, se considera ‘carga pública’ cuando una persona depende, o puede llegar a depender económicamente del gobierno”, explica Alvaro Huerta, abogado de la organización National Immigration Law Center, con sede en Los Angeles.

En el primer caso, de acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), se trata de una persona que recibe ayuda económica del gobierno como fuente principal de su subsistencia, sea en dinero o asistencia institucional a largo plazo, como es el caso de personas discapacitadas que requieran atención permanente. Asistencia durante un periodo breve de tiempo pudiera no ser considerada una carga pública.

En el segundo caso, el de aquellos que esperan una visa para venir a EEUU, carga pública es más difícil de definir y depende de varios elementos: edad, profesión, educación, situación familiar, ingresos económicos, etc. La elegibilidad depende de una combinación de más de uno de estos elementos. USCIS también tiene en cuenta una declaración jurada de un familiar en apoyo al solicitante por la cual esta persona se constituye en garantía de la subsistencia del solicitante.

Acceso a la salud

De acuerdo a la definición del gobierno, sólo las personas que requieren asistencia institucional a largo plazo constituyen una carga pública, y por lo tanto no podrán obtener su residencia.

El acceso al seguro de salud público, o Medi-Cal en California, no es una asistencia permanente, por lo que se pide a los beneficiarios de ese programa de salud que no lo dejen.

“Queremos que la gente tenga acceso a la salud preventiva. La alimentación y la salud son muy importantes para todos”, dice Huerta.

Es decir, aquellos registrados en Medi-Cal no deben dejarlo. Tampoco aquellos que recibieron una sola ayuda económica, como la ayuda para pagar la cuenta de electricidad. Este tipo de ayuda se otorga una sola vez a una persona, no de manera permanente y por lo tanto no afecta ningún trámite migratorio.

Su privacidad está garantizada

Según los expertos, las personas que usan programas como Medi-Cal deben saber que estos programas no comparten información con el USCIS sobre sus usuarios.

“Estos programas, y otros como la oficina de impuestos (IRS), no informan al USCIS sobre quiénes solicitan asistencia económica. Sin embargo, en casi todas las formas migratorias se incluye al menos una pregunta sobre esto. “Y nosotros no le decimos a la gente que mienta”, aclara Huerta.

Es decir, “si una persona miente, si es descubierta es seguro que enfrente cargos penales y una posible deportación”, advierte el activista.

Pueden venir cambios

Según explicó Huerta, la definición de “carga pública” es muy amplia y lo preocupante es que el actual gobierno quiere cambiar estos criterios para hacer más difícil inmigrar.

“Estados como California y Nueva York están preocupados porque los cambios afectarán a los programas y a los inmigrantes”, dice el activista.

Aunque no especificó sobre los cambios que pueden venir por parte de la Administración Trump, Huerta enfatiza que “cuando salga una propuesta de cambio, esta debe ser pública y las personas pueden comentar al respecto (…) Se supone que el gobierno debe considerar esos comentarios”, dice.

Después de estas consideraciones, se publican los cambios y se establece la fecha en que serán efectivos.

“Tenemos esperanzas de que si presentamos opiniones críticas a los cambios, las autoridades las tendrán en cuenta”, afirma Huerta con entusiasmo. “No podemos prometer que será así, pero sí queremos pedir a la gente y a las organizaciones que se involucren”.

Eduardo Stanley

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